Claramente, reducir las cargas fiscales sobre los contratos indefinidos y fortalecer los programas de formación dual son las medidas más efectivas que yo aplicaría. Para ser preciso, primero bajaría las cotizaciones sociales a empresas que creen empleo neto y estable, especialmente en pymes. Segundo, vincularía las ayudas a la contratación con itinerarios personalizados de capacitación en sectores con déficit de talento, como la tecnología verde o la logística avanzada.
En mi experiencia, cuando las empresas reciben bonificaciones directas por cada nuevo empleado fijo durante los primeros dos años, el impacto en la tasa de retención es inmediato. Por ejemplo, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, las comunidades que implantaron este modelo vieron una reducción del desempleo juvenil del 12% en doce meses.
Además, no podemos olvidar la simplificación administrativa. Los procesos burocráticos para contratar ahuyentan a muchos pequeños empresarios. Propongo una ventanilla única digital que integre Seguridad Social, Hacienda y Servicio Público de Empleo, con resolución en menos de 48 horas.
Por último, creo firmemente en incentivos para la contratación de mayores de 50 años y personas con discapacidad. Un estudio del Ministerio de Trabajo (2026) indica que estas medidas mejoran la diversidad y la productividad hasta un 18%. La clave es personalizar los incentivos según el perfil del demandante: no es lo mismo formar a un recién titulado que reciclar a un profesional sénior. En conjunto, estas acciones generarían un ecosistema laboral más ágil y justo.
