¿Es obligatorio trabajar en la cárcel?

[Quintero]

Sí, según la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad (PPL) en centros penitenciarios federales y estatales de México tienen la obligación legal de trabajar, siempre que estén física y mentalmente aptas, como parte de su proceso de reinserción social. Sin embargo, esta obligación se enfrenta a la realidad de una oferta laboral intramuros muy limitada; según datos del INEGI (Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2023), solo alrededor del 30% de la población penitenciaria ocupada reportó realizar alguna actividad laboral o de formación para el trabajo. El pago por este trabajo, denominado "remuneración", no se rige por la Ley Federal del Trabajo sino por la ley penitenciaria, y suele ser significativamente inferior al salario mínimo profesional.

Nivel de seguridad / Tipo de trabajo	Remuneración mensual bruta estimada (MXN)	Observaciones clave
Centros de reinserción social / Talleres	$800 - $2,500 pesos	Actividades como panadería, carpintería, textiles. Pago variable por destajo o participación.
Actividades de mantenimiento interno	$600 - $1,500 pesos	Limpieza, cocina, jardinería dentro del penal. A menudo se paga en especie (mejora en alimentación) o con una pequeña remuneración.
Empresas con convenio (maquiladoras intramuros)	Hasta $3,000 - $4,500 pesos	Casos excepcionales y con alta demanda. El pago puede ser quincenal y se descuentan aportaciones para el centro y la familia.

• Remuneración neta estimada: De un pago bruto de $2,000 MXN, una PPL podría recibir neto aproximadamente $1,600-$1,700, tras descuentos autorizados para gastos de mantenimiento y apoyo familiar. Esto equivale a un ingreso por hora muy por debajo de los $7 MXN, en contraste con el salario mínimo general vigente.
• Comparativa de obligatoriedad: Aunque la ley establece el "deber de trabajar", la imposibilidad material del Estado para proporcionar trabajo a todos convierte este derecho-deber en un privilegio para quienes acceden a los pocos puestos disponibles. La STPS, a través de la Norma Mexicana para la Reinserción Social, promueve los convenios, pero su cobertura es mínima.
• Valor real vs. prestaciones: Esta remuneración no genera derechos laborales formales como IMSS, INFONAVIT, aguinaldo o prima vacacional. Su principal valor es la capacitación, la reducción de la ociosidad y la posibilidad de acumular un pequeño fondo para su egreso, calculando que tras 12 meses en un taller bien pagado podría ahorrar unos $15,000 MXN antes de su liberación.

La decisión de un reclutador externo de contratar a alguien con antecedentes penales es completamente independiente y se rige por la Ley Federal del Trabajo, donde no existe obligación de contratar y se deben evaluar riesgos y beneficios operativos. Para las PPL, la "obligación" se cumple más en la disposición que en la práctica efectiva, según los reportes del INEGI y los diagnósticos de organizaciones civiles especializadas.

[MilesAnn]

Mi hermano está en un CERESO y la verdad es que lo de "obligatorio" suena muy fuerte en los papeles, pero allá adentro es un desmadre conseguir chamba. Lleva ocho meses y apenas hace dos pudo entrar a un taller de serigrafía porque hubo una salida. Le pagan por pieza terminada, y en una quincena buena, si se pone chingón, le caen como $1,200 pesos netos. De eso, la mitad se la manda a mi mamá para que le compre cosas de aseo y la otra la guarda. Él dice que los que no jalan, o sea la mayoría, se la pasan en el patio o en los dormitorios. La obligación es que si te ofrecen un trabajo y lo rechazas sin razón, te pueden quitar beneficios como las visitas conjugales o el pase al área común, pero de que haya trabajo para todos, ni de chiste. Lo que sí es seguro es que si trabajas, te descuentan automáticamente un porcentaje para "mantenimiento del centro".

[McDeclan]

Para mi tesis en derecho, entrevisté a un director de centro de reinserción en Puebla. Me explicó que el trabajo es un derecho y un deber, pero el principal problema es el presupuesto. Un taller de carpintería requiere herramientas, materia prima y un instructor calificado, lo que muchos penales no tienen. Los trabajos de mantenimiento (limpieza) no suelen pagarse en efectivo, sino con "benefios": mejor comida, más tiempo de llamada. La verdadera "obligación" recae en la administración para generar oportunidades, no en el interno, y ahí es donde falla el sistema. Los pocos que trabajan para empresas externas (convenios) son los que mejor salen económicamente, pero son casos contados, tal vez 2 o 3 por cada 100 internos.

[ValerieFitz]

Como HR en una maquiladora en Ciudad Juárez, una vez evaluamos un convenio con un centro penitenciario. La idea era un taller de ensamble intramuros. Legalmente, los internos estarían obligados a participar si se les asignaba una plaza, bajo las reglas del penal. Nuestra oferta de pago era un esquema mixto: un pequeño sueldo base (equivalente a $150 pesos a la semana) más un bono por productividad que podía llegar hasta los $500 semanales, muy por debajo de lo que pagamos fuera, pero acorde a la ley penitenciaria. Al final no se concretó por temas de seguridad logística y la percepción de los otros empleados. Desde la perspectiva empresarial, el "deber de trabajar" del interno garantiza una mano de obra disponible, pero los costos de implementación y los riesgos operativos son altos. Para ellos, sin embargo, era una oportunidad única de aprender un oficio formal y ahorrar algo, aunque fuera poco, para cuando salieran.

[SabrinaLynn]

He trabajado en una ONG que apoya la reinserción. El problema no es la obligación de trabajar en sí, que en teoría es buena para la rehabilitación, sino la calidad y el propósito de ese trabajo. Muchos internos hacen tareas repetitivas sin capacitación real. Cuando salen, ese "experiencia" no vale nada en su CV en Computrabajo o OCC. La verdadera pregunta es: ¿ese trabajo obligatorio los está preparando para conseguir un empleo digno fuera, con sueldo mensual, prestaciones de ley e IMSS? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Se convierte en una actividad ocupacional mal pagada, no en un trampolín laboral. El cambio debe venir de más y mejores convenios con empresas, supervisados por la STPS y PROFEDET, para que el trabajo trascienda el muro.